Habitualmente, el problema de la construcción de ciudadanía se vincula por muy buenas y obvias razones al de la inclusión social. Se piensa de inmediato en la pobreza, en la indigencia y en la marginalidad y en los modos posibles de lograr que sus víctimas puedan hacer valer sus derechos. Sucede que a esta altura hemos aprendido ya que ser titular de un derecho no equivale necesariamente a poder ejercerlo como corresponde: en el caso de la ciudadanía política, hacerlo implica gozar de autonomía moral para decidir y de conocimientos imprescindibles para optar con fundamento a fin de que el voto adquiera su pleno sentido democrático.

Se sigue sin demasiadas dificultades que, como ya sabían Jefferson, Rousseau o Sarmiento, la autonomía moral exige un grado razonable de seguridad económica que la sustente mientras que los conocimientos suponen la posibilidad de un acceso informado y crítico a las alternativas políticas disponibles.

Tal ha venido siendo la inspiración básica de los programas de construcción de ciudadanía en los cuales muchos nos hemos empeñado desde comienzos de esta década, cuando la crisis económica a la que condujo un neoliberalismo desenfrenado empujó a la miseria a más de la mitad del pueblo argentino. En un contexto así, el clientelismo, por ejemplo, se había vuelto (y, en parte, lo sigue siendo aun) una solución bastante racional para sectores desposeídos, a pesar de la crítica hipócrita de los responsables directos o indirectos de generar las propias condiciones de existencia de ese clientelismo.

Sólo que hoy comprobamos que a ese problema tan grave de construcción de ciudadanía se le suma otro, de características diferentes pero de importancia no menor. Me refiero a lo que podríamos llamar el problema de la reconstrucción de ciudadanía, en el contexto de lo que Robert Reich (ex ministro de Clinton) ha rebautizado como “supercapitalismo”. Concierne a capas considerables de la población que estan lejos de ser pobres o indigentes pero que han sido tan tenazmente trabajadas por la prédica mediática de dirigentes camaleónicos y de periodistas bien pagos que carecen ellas mismas de aquel acceso informado y crítico de que hablaba o directamente han perdido todo interés en la política. Las consecuencias están a la vista, aunque nada se aprenda de ellas: el “que se vayan todos” no acompañado de un esfuerzo sostenido de participación y de discusión ideológica condujo a un resultado esperable. “Se quedaron todos” y, peor todavía, en una alarmante cantidad de casos, disfrazados de aquello que no son. Total, los medios que los apoyan no van a sacarles los trapitos al sol y, por añadidura, a extensas franjas de la ciudadanía la cuestión simplemente ha dejado de importarles.

Se denuncia correctamente la corrupción económica que el mal llamado esquema “libremercadista” instaló en el país con una fuerza inusitada en las últimas décadas y que tanto cuesta erradicar. Pero casi no se habla de la corrupción del conocimiento de la realidad que la ha acompañado y que está destruyendo el sentido cívico de la población sin que sus víctimas siquiera se enteren. O peor aun, que se crean los verdaderos custodios de la democracia cuando no hacen nada para ser partes activas de ella. Es fundamental la construcción de ciudadanía; pero es también esencial su reconstrucción, antes de que una derecha rapaz y una izquierda boba nos precipiten otra vez al abismo del que tan costosamente se ha venido saliendo en estos últimos años. Como siempre, el principal problema de nuestro país no son los pobres sino los ricos que nunca han creído de veras ni en la democracia ni en la equidad.